La Resistencia

La movilización de una comunidad que se resiste a ser atropellada por un estado indolente (al cual solo parece interesarle la sostenibilidad económica y el avance eficiente de unas obras y no los perjuicios que estas generan a nivel económico y psicosocial) ha frenado en parte el abuso al que los moradores de San Luis han sido sometidos.

Las vías jurídicas no son suficientes para enfrentar el modelo de desarrollo urbano que se impone en la ciudad. El desconocimiento de acuerdos internacionales como las Observaciones Generales de la ONU del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4 y 7 (ONU, 1991 y ONU, 1977), referente a una vivienda adecuada y el desalojo forzoso, y el incumplimiento de las medidas trazadas por la Corte Constitucional en sentencias como la T-239 de 2013 y la Sentencia C-750/15 son comportamientos sistemáticos de los constructores y el estado.

Abusos como los cometidos por los gestores sociales que están al servicio de las obras y no de las comunidades se suman al manejo opaco de la información sobre los proyectos, promesas incumplidas de reasentamiento, socializaciones de las obras engañosas y oferta de pago por las propiedades basadas en avalúos catastrales que no tienen en cuenta aspectos como el lucro cesante y la participación en la plusvalía de los predios. Estas arbitrariedades derivan en un detrimento de los patrimonios construidos por familias pobres a lo largo de muchos años.

Este modus operandi reclama de las comunidades que están en el camino de grandes obras de infraestructura: unidad, alerta, preparación y asesoría y para enfrentar la maquinaria pesada, jurídica y física, que llega a la puerta de sus barrios.